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Lunes, 25 Febrero 2019 16:37

AMIA: a tres años del cambio de gobierno la causa sigue paralizada

Por El País Diario

La comunidad judía esperaba tener avances con el macrismo, pero eso no ocurrió. También manifestaron que no existen motivos para bajar la querella contra la expresidenta Cristina Kirchner.

El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, aseguró que la causa AMIA “está detenida” y ratificó que no existen motivos para bajar la querella contra la expresidenta Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento de sospechosos a través del memorándum con Irán.

“Los iraníes tienen que prestar declaración indagatoria pero, al no presentarse, la causa está detenida”, indicó Knoblovits en declaraciones a Vía País. Si bien en la comunidad judía esperaban en 2015 que haya avances con el cambio de Gobierno, esto no ocurrió.

El titular de la DAIA también remarcó que la relación con la AMIA “quedó en diferentes condiciones” después del pedido de la mutual judía para retirar la querella contra la ex Presidenta y actual senadora.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) había solicitado el 31 de enero a las autoridades de la DAIA que desistan de “impulsar la causa judicial” al entender que mantener la querella es “perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la AMIA en su gestión específica”.

Ese documento presentado por la AMIA desató una fuerte polémica con la DAIA. Esto llevó a que los dirigentes de ambas entidades judías se reunieran para buscar una posición conjunta. Y finalmente la AMIA retiró su carta. No obstante, la relación se resintió.

“Sostenemos la querella porque no hay motivos para retirarla. Todo corresponde ser investigado”, afirmó Knoblovits a este diario. Y aclaró que ya “no hay ningún inconveniente ni rencor” con la AMIA.

Además, avaló el trabajo desarrollado por el fallecido fiscal Alberto Nisman en la causa que investiga el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas.

Cristina Kirchner será juzgada por el supuesto encubrimiento del atentado a la mutual judía. La causa fue elevada a juicio en marzo pasado, aunque aún no está definida la fecha de inicio del juicio oral y público.

Pedido de presupuesto

Los jueces encargados de llevar adelante el juicio oral y público por la firma del memorándum le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que le brinde más recursos económicos para poder afrontar el debate.

El reclamo dirigido al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, fue formulado por la Jueza del Tribunal Oral Federal 8, Gabriela López Íñiguez, y respaldado por los magistrados Jorge Tassara y José Michilini, los dos colegas de otros tribunales que la acompañarán en el juicio.

Según el escrito al que accedió este sitio, es “de suma urgencia poder conformar un equipo de trabajo exclusivo para esta causa, que en calidad y número posibilite encarar en condiciones, sino óptimas, al menos razonables las exigencias que el caso impone, desde el momento actual y hasta la culminación de todas sus implicancias”.

Los magistrados reclaman poder contar con un equipo exclusivo compuesto por tres secretarios de cámara, dos prosecretarios, dos oficiales y tres escribientes auxiliares.

El memorándum

En 2013 se firmó el pacto con Irán que fue aprobado por el Congreso y dos años más tarde la Sala I de la Cámara Federal porteña lo declaró inconstitucional.

El punto más importante del documento era la creación de la denominada “Comisión de la Verdad” para cooperar con la investigación.

La compondrían cinco comisionados y dos miembros designados por cada país (pero que no podían ser ni argentinos ni iraníes) seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional.

Ambos países acordarían conjuntamente un jurista internacional como presidente de la comisión. Además, se establecía que el juez que investiga el atentado de la AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal especial del caso, Alberto Nisman, podrían interrogar a los sospechosos iraníes en Teherán.

El memorándum finalmente fue denunciado por Nisman en enero de 2015, ya que consideraba que la exmandataria y funcionarios del gobierno kirchnerista habían impulsado el acuerdo con los iraníes para encubrir a los sospechosos.

Ya en 2017, el juez Claudio Bonadio dictó el procesamiento de Cristina y su prisión preventiva –que no se concretó por sus fueros como senadora-, y se amparó en el argumento de Nisman que señalaba que la ex Presidenta quería defender a los sospechosos iraníes.

A la trama política y judicial, luego se le sumaron los cortocircuitos entre la DAIA y la AMIA, que se dan también en un marco en el que la investigación, según Knoblovits, sigue estancada.