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Lunes, 30 Diciembre 2019 08:59

A 15 años de Cromañón: las familias de las víctimas mantienen viva la memoria

Por El País Diario

La mayor tragedia por causas no naturales que vivió la Argentina, con 194 muertos en República Cromañón, ya no tiene presos.

Las vidas de los familiares de las víctimas cambiaron para siempre pero la lección no fue suficiente para evitar que episodios similares se repitieran.

Las causas directas e indirectas perduran y hasta la suerte de los funcionarios judiciales a quienes les tocó intervenir fue dispar: mientras algunos catapultaron sus carreras, otros salieron de tribunales para no regresar.

La gota que desbordó el vaso, el estallido final del horror que desnudó y alineó trágicamente todo lo que estaba mal, fue una bengala arrojada al aire en un lugar cerrado.

La Justicia nunca encontró al responsable de ese acto. Una vergonzosa maniobra intentó atribuírselo a Pedro Iglesias, una de las víctimas mortales e hijo del abogado José Iglesias, quien encabezó una de las cuatro querellas.

Nunca se probó; varios testigos lo desmintieron. Lo cierto es que jamás se sabrá, por lo menos oficialmente, quién arrojó la pirotecnia que originó la ignición de una media sombra utilizada como falso techo y desprendió gases de cianuro de los paneles acústicos.

Una suma de factores

Cromañón ocurrió por el disparo de una bengala, pero no sólo por eso. El lugar estaba habilitado como local bailable clase C con capacidad para unas mil personas. Sin embargo funcionaba como microestadio para recitales y el 30 de diciembre de 2004 había allí unos cinco mil espectadores apretujados y sudorosos por la escasa ventilación.

Según determinó la Justicia, ello fue posible porque los inspectores del gobierno porteño no inspeccionaron, los policías de la Federal con jurisdicción en el lugar miraron para otro lado convencidos por el pago de sobornos y el gerenciador, Omar Chabán, maximizó el negocio.

Antes de morir, víctima de cáncer que contrajo estando en prisión, Chabán explicó que cuando emprendió la explotación de Cromañón suponía que tenía capacidad para más gente que la que figuraba en los papeles.

Lo avalaba que allí mismo, cuando se llamaba El Reventón y era un templo de la bailanta, el fallecido cuartetero Rodrigo había reunido a más de cinco mil fanáticos.

Chabán dijo que no sabía y que no fue su responsabilidad. Los jueces creyeron lo contrario.

Una vez que la tragedia se desencadenó, todas las acusaciones apuntaron a un portón que estaba cerrado con cadenas y candados y que hubiera servido como vía alternativa de evacuación, reduciendo la cantidad de muertos.

Es cierto: había un portón y estaba cerrado. Pero del expediente surge que allí no debía haber un portón sino una pared. Para que el local fuera habilitado por el Gobierno de la Ciudad, ese portón cerrado debió haber sido una pared de ladrillos.

Paradójicamente, Cromañón fue habilitado por vía de excepción porque si bien no había una pared, un portón clausurado era más o menos lo mismo. El masomenismo una vez más contribuyó a la tragedia.

Condenas y correcciones

Chabán, alguno de sus colaboradores, funcionarios municipales, policías y los músicos de Callejeros fueron condenados al final de un errático derrotero judicial que nunca terminó de ponerse de acuerdo sobre las exactas responsabilidades de cada uno.

El tribunal oral número 24 había absuelto a los integrantes de Callejeros, pero la Cámara de Casación los condenó. Pocas veces en una revisión la Casación vapuleó tanto un fallo.

El tribunal 24 condenó a Chabán a 20 años por incendio doloso y exculpó a los músicos pero aplicó 18 años al manager. La Casación trituró una por una las 2.451 páginas del fallo.

El expediente fue y vino hasta que las penas quedaron firmes en la Corte. El único que permanece en prisión es el baterista de la banda, Eduardo Vázquez, pero no por Cromañón sino por el femicidio de su pareja, Wanda Taddei, a quien prendió fuego en 2010, más de cinco años después del incendio de Once.

Hubo un segundo juicio por Cromañón, que involucró al dueño del predio donde funcionaba el boliche, Rafael Levy, condenado a cuatro años y medio de prisión, que ya cumplió.

El Poder Judicial le devolvió el lugar y Levy limpió la escena que se conservaba tal cual quedó la noche de la tragedia. Hoy el predio tiene sus paredes pintadas y sus espacios vacíos, a la espera acaso de algún inversor inmobiliario o un emprendedor comercial que le asigne un destino diferente a la historia que arrastra.

"No sabía"

Cromañón inauguró también un criterio judicial cuanto menos curioso: responsabilizar por un delito a las segundas o terceras líneas de una estructura de gobierno y exculpar a la máxima autoridad.

Así quedó a salvo de cualquier imputación penal el entonces Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra.

Pese a que el Fiscal de instrucción Juan Manuel Sansone pidió su indagatoria, en todas las instancias judiciales se determinó que Ibarra no tenía por qué estar al tanto de que en su gobierno había funcionarios que, a sabiendas de lo que hacían, no cumplían con su deber.

Ese mismo principio, “no es responsable porque no sabía, no tenía por qué saber” se aplicó posteriormente a otros casos. Así quedó a salvo Fernando De la Rúa por la represión y los muertos del 20 y 21 diciembre de 2001, o Mauricio Macri por las escuchas ilegales cuando era jefe de Gobierno.

Ese criterio cambió a partir de 2016 y hoy la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afronta un juicio oral porque no podía desconocer los supuestos manejos irregulares en torno a la obra pública en Santa Cruz.

Sobre Ibarra, un reciente fallo de la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal sobre Cromañón subrayó: “La relación que lo unía con los funcionarios encargados del áreas de control se enmarcaba en un supuesto de ‘desconcentración administrativa’ que impide imputar penalmente al funcionario más alto de la escala jerárquica las consecuencias de las irregularidades producidas por los funcionarios responsables de los órganos inferiores salvo que, advertido el cumplimiento irregular de los subordinados, el superior se mantenga en una actitud pasiva sin corregir ese actuar defectuoso".

"Aun cuando quepa presumir que el funcionario que ocupa el mayor lugar en la escala jerárquica debe conocer todo lo que hacen sus subordinados, debe admitirse prueba en contrario a fin de evitarse una atribución objetiva de responsabilidad opuesta al principio de culpabilidad”.

El fallo concluye que Ibarra “no tenía conocimiento de las deficiencias e irregularidades en cuestión, por lo que no podía predicarse la existencia de nexo causal entre su conducta y la tragedia”.

Unos más, otros menos

La primera jueza que intervino en la investigación fue María Angélica Crotto, Marita.

Fue ella quien ordenó detener y dictó el primer procesamiento contra Chabán. Pero poco después se enfermó, afrontó un largo tratamiento del que salió airosa y se jubiló. Vivió un tiempo en España y regresó, pero no volvió a pisar tribunales.

Con el Fiscal Sansone pasó algo parecido: pidió una larga licencia por enfermedad y finalmente, en medio de una situación personal complicada, se alejó del Poder Judicial.

El grueso de la investigación inicial lo desarrolló el Juez Marcelo Lucini, como subrogante de Crotto. Dos viejos amigos que como consecuencia de Cromañón terminaron distanciados.

Lucini hizo un buen trabajo a punto tal que el criterio que aplicó y las conclusiones a las que arribó en su investigación fueron las que finalmente prevalecieron como resultado final del proceso. Hoy es integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y su nombre suena con frecuencia para ascender a cargos de mayor jerarquía.

Cuando Lucini dejó de reemplazar a Crotto, la causa estuvo por un corto tiempo en manos del Juez subrogante Néstor Costabel, por entonces secretario letrado de un tribunal oral ordinario.

Costabel es hoy juez del tribunal oral federal número cuatro, que tiene entre sus causas el juzgamiento de Lázaro Báez en la causa ruta del dinero.

Del tribunal oral que juzgó a los imputados, Daniel Llanos se jubiló y continúan en sus cargos Marcelo Alvero y María Cecilia Maiza.

De la sala revisora de la Cámara del Crimen, dos de sus integrantes pasaron a la Cámara de Casación porteña: Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós. El primero continúa en el cargo; la segunda, fundadora de Justicia Legítima, se jubiló y hoy asesora informalmente a los equipos judiciales del actual gobierno.

Rolo Pociello Argerich sigue en su cargo.

De los jueces que intervinieron en la etapa de Casación, sólo uno se jubiló: Pedro David. El resto, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos siguen en sus cargos. Más aún: Ángela Ledesma acaba de ser designada presidenta del tribunal para el año 2020.

Final

Quince años después, la tragedia de Cromañón no parece haber dejado enseñanzas sólidas y conciencias esclarecidas para evitar que se repita. Después de Cromañón se derrumbó un entrepiso del boliche Beara, en Palermo en 2010, donde murieron dos jóvenes.

La causa está desde hace años para ir a juicio oral y la investigación demostró que fue un Cromañón en escala.

Con algunas diferencias y otras situaciones calcadas, también hubo tragedia en la fiesta electrónica Time Warp, en 2016. Son sólo dos ejemplos. Pero la lista es extensa.

Para los familiares de las víctimas hubo algunos resarcimientos económicos, apoyos económicos y psicológicos y poco más. Como dice una vieja canción de Joaquín Sabina, “la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido”.

Y persiste, sordo y cansado de que nadie lo escuche, un reclamo angustioso que cumple tres lustros: “Que no se repita”.